Con ocasión del Día Mundial para la prevención contra el abuso de los niños y las niñas, celebrado el pasado 19 de noviembre, traemos a esta cita semanal con nuestros lectores el importantísimo problema de los abusos a menores, uno de los delitos más execrables que pueden cometerse en el contexto de una sociedad civilizada, del cual no podemos abstraernos.
Si bien es cierto que a lo largo de los años la legislación se ha orientado a endurecer las penas contra los delitos de pederastia, aún hay mucho camino por andar. Si endurecer las penas es imprescindible, más aun lo es detectar, prevenir y protocolizar signos de alarma que nos permitan erradicar este problema. Buena prueba de ello es el dramático incremento que delitos de esta naturaleza han experimentado a lo largo de los años. Durante el año pasado, se presentaron más de 3.500 denuncias en España por presuntos abusos sexuales a menores, de las cuales en el 95% de los casos, la víctima conocía al pederasta, lo cual complica la identificación del problema.
De estas, la mayoría son orientadas a menores del sexo femenino en un 91% de los casos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya informaba en 2002 de que alrededor de 150 millones de niños mantuvieron relaciones sexuales forzadas o sufrieron alguna otra forma de violencia sexual. Los estudios evidencian que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren abusos, una cifra alarmante como para enrojecer a cualquiera. Alabamos métodos como la regla de Kiko, sistema de detección temprana impulsado por la Diócesis Nivariense, y el trabajo realizado por iniciativas como el Frente Cívico contra la Pederastia, pues ante esta situación solo cabe afrontar el problema e intensificar nuestros esfuerzos para erradicarlo.
Como ciudadano comprometido, médico, y a partir de nuestra situación en el Cabildo Insular y en el Senado, pretendemos contribuir a minimizar el daño a las víctimas -potenciales o no- de abusos mediante un fortalecimiento de la prevención, un endurecimiento de las penas y una minimización de la exposición de los menores durante el proceso judicial.
Por ello, presentaremos ante el Senado una propuesta de moción con el fin de instar al Ministerio de Justicia, a través de la comisión correspondiente de la Cámara Alta, a considerar la posibilidad de incluir como delito las acciones previstas como “apología de la pederastia” con el objeto de lograr el rechazo social de estas manifestaciones y su punibilidad, así como el endurecimiento de las penas para pederastas no rehabilitados. Pretendemos también que el ministerio tome en consideración la posibilidad de dar validez legal a la denominada “prueba preconstituida” que, actualmente, queda a discreción del magistrado su toma en consideración, como un mecanismo que permite minimizar la exposición de la víctima al proceso de rememoración de los abusos. El drama muchas veces no concluye con la denuncia de los abusos ante las autoridades, sino que ahí se inicia el “calvario” judicial de rememorar los abusos.
Es básico, igualmente, trabajar en el plano de la prevención, por lo que instaremos también al Gobierno de España a incentivar las políticas expresadas en el III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia 2010 – 2013, poniendo especial énfasis en materia de concienciación sobre el drama de la pederastia, con campañas para propiciar, aún más si cabe, el rechazo social ante los abusos sexuales infantiles. Habría de ser misión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la confección de un protocolo de detección precoz en el marco de este plan, que le confiera verdadera utilidad para evitar este fenómeno, con cuyas víctimas nos solidarizamos, y en cuya prevención estamos plenamente comprometidos. Si bien todos los estadios de la vida humana son igualmente protegibles, nos preocupan especialmente los derechos de los menores, de cuya preservación somos garantes y responsables.
No podemos pasar ni un minuto sin dedicar todos nuestros esfuerzos a erradicar este problema.
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